En las últimas semanas, la agenda política ha estado influenciada por el affaire Pegasus, el software israelí de la empresa NSO Group utilizado para espiar ilegalmente a líderes independentistas, presuntamente desde el CNI, y ministros socialistas del Gobierno de coalición, presuntamente desde Marruecos. El guión del PNV ha sido el habitual: mantener el papel de víctima en esta trama mientras reza para que no salgan a la luz sus profundas conexiones con el complejo militar industrial israelí. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, incluso afirmó tener la certeza de haber sido objeto de pinchazos telefónicos en la época del Gobierno del PP, durante la moción de censura contra Mariano Rajoy. No obstante, ambos partidos han contratado a la misma empresa israelí, Excem Grupo 1971, S.A, para desplegar sus servicios de escuchas entre los cuerpos policiales españoles y vascos. ¿Y si ambos estuvieran conectados con Pegasus?

Durante la última legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno, quien en octubre de 2001 era su ministro del Interior, Mariano Rajoy, creó un sistema de interceptación y grabación de comunicaciones para modernizar los antiguos pinchazos telefónicos. Así nació el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (Sitel) dos años después mediante un contrato valorado en 9,8 millones a la empresa danesa ETI A/S.

Este sistema se inauguró en una operación antidroga en Pontevedra, pero alcanzó su éxito en 2004, cuando contribuyó a localizar a los integrantes de la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M. Entonces, el Ministerio del Interior gastó otro millón de euros en el “mantenimiento y soporte 24x7 de los sistemas de interceptación legal“ de las telecomunicaciones ”SILDAT“ del Cuerpo Nacional de Policía, pero también de ”GOLF“, para la Guardia Civil. Y en junio de ese mismo año se le adjudicó también el contrato de “suministro del equipamiento hardware y software necesarios para la integración, ampliación y actualizació no n de los Sistemas de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones,” valorado en casi 9 millones. En todos los casos, la empresa adjudicataria ha sido la división de telecomunicaciones de Excem Grupo 1971 SA, la antigua Exportadora Española de Cementos Portland.

Una década después, el Ministerio de Interior del Gobierno del PP que albergó la “policía patriótica” conectada a las “cloacas del Estado” le adjudicó otro contrato por un valor de 1,3 millones. Paradójicamente, una de las víctimas de dicha vigilancia, la Generalitat de Catalunya, contrató a Excem en 2017 para dar servicio de soporte y mantenimiento del sistema de interceptación legal de las comunicaciones (SILTEC) de la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior.

Sea como fuere, durante los últimos años los diferentes responsables de este Ministerio –incluído Fernando Grande Marlaska– han invertido partidas millonarias, cercanas a los 15 millones, en actualizar el sistema.

El programa permitía a la policía y Guardia Civil intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de investigados, obtener información en tiempo real sobre los interlocutores y su ubicación. De hecho, este ha sido tan útil para los cuerpos del Estado que el Gobierno quiso en 2014 regularizar su utilización a través de un texto legal. Tras estallar el 'caso Snowden', la entonces vicepresidenta popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la intención del Ejecutivo de hacerlo por medio de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia.

En este contexto se enmarca un documento fechado en julio del 2020 y firmado por el jefe de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, Raúl Alberto Otaola. Este reconoce que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, responsabilidad de Josu Erkoreka, “dispone de un Sistema de Intervención Legal de Comunicaciones fabricado por la empresa israelí Verint Systems”. El documento añade que su “único y exclusivo representante en el Estado español” es el citado Grupo Excem, quien “presta sus servicios de soporte y mantenimiento, así como el suministro de componentes y materiales precisos para el funcionamiento del Sistema”. ¿Quiénes son estas firmas y cuál es su relación?

Excem Technologies se presenta en su página web como “una empresa de alta tecnología, con capital privado que forma parte del Grupo Excem”. Esta firma provee “soluciones tecnológicas en los campos de Seguridad y Protección de Infraestructuras, Seguridad Nacional, Defensa, Inteligencia y Telecomunicaciones”; su objetivo, “la implantación de proyectos de sistemas de análisis de comunicaciones militares”, como aquellos vinculados con la inteligencia y la interceptación de comunicaciones. 

La compañía fue creada en 1971 por Mauricio Hatchwell, un empresario nacido en Marruecos y del ámbito del petróleo, expresidente de la Federación Sefardí y galardonado por la Orden de Mérito Civil del Gobierno de España y la Fundación Príncipe de Asturias. El heredero, David Hatchwell, cerebro del fallido proyecto EuroVegas en Madrid es exvicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, pero también el principal embajador del capital israelí en el Estado español.

Por su lado, Verint Systems es una proveedora de Excem, cuyos lazos llegan hasta la administración estadounidense. Kenneth Minihan, exdirector de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad, en castellano) durante tres años, dejó su puesto para convertirse en directivo de Verint Systems entre 1999 y 2005. A principios de la década de los 90, ambos iniciaron una estrecha cooperación. Verint Systems era conocida entonces como Efrat, creada por Boaz Misholi y Jacob Alexander, formados en el Ejército israelí y en sus servicios de inteligencia. El objetivo era “la implantación de proyectos de sistemas de análisis de comunicaciones militares”. Apenas un lustro después, ambos empezaron su colaboración en proyectos con operadores de servicios móviles, entre ellos con Euskaltel.

La relación del Gobierno Vasco con el software creado por la empresa israelí comenzó en el año 2003, cuando se firmó el primer contrato de “actualización de un sistema de monitorización telefónica” de la Ertzaintza. Este servicio fue adjudicado a la empresa isarelí Verint Systems por más de un millón de euros. Meses más tarde, el entonces Consejero de la Ertzaintza, Javier Balza, contrató a la empresa israelí para el “mantenimiento” del sistema por 159.698 euros.

En 2006, se amplió el sistema y el contrato pasó a manos de la española Excem, “único y exclusivo representante en el Estado español” de Verint Systems, por una cuantía de 999.980 euros. A partir de esa fecha, el “mantenimiento” del sistema también fue encargado a Excem, costó 446.116 euros en 2008, 617.922 euros en 2013 y 786.076 euros entre el 2017 y 2020.

Este último año, la denominación del contrato cambió al de “mantenimiento del sistema de intervención legal de comunicaciones”, adjudicado por el procedimiento de negociado sin publicidad a Excem. Este contrato de 223.245 euros ha sido prorrogado hasta la actualidad por 148.830 euros anuales. Además, en 2012, la Ertzaintza alquiló a Excem un servicio de “sondas para líneas ADSL” por 196.020 euros. 

En total, más de 4,7 millones de euros adjudicados a la firma israelí Verint Systems y a su representante español, Excem, también por el procedimiento de negociado sin publicidad. No es posible conocer si existen más contratos o si estas firmas han penetrado aún más en la Administración pública porque la Ertzaintza lleva décadas entregando partidas millonarias de “fondos reservados”, usados entre otras cuestiones para “recabar información sobre determinados colectivos”, cuya información no es objeto de ninguna transparencia. Es un proceder admitido por el propio PNV. Así lo recoge y documenta Txema Ramírez en su obra Ertzaintza, héroes o villanos: pasado y presente de la Policía Autónoma vasca.

La División de Exportación y Cooperación del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT) es la culpable de que NSO Group, fabricante de Pegasus, haya alcanzado semejante fama a nivel mundial, pues ha autorizado la salida del país de estas tecnologías. Ahora bien, otra de las firmas a las que promociona lo que los estudios llaman “el nacionalismo sioniata y neoliberal del Estado israelí” en su stand durante las ferias internacionales es Verint Systems. Como se apuntaba en el diario Haaretz durante una entrevista con la activista Naomi Klein, datada en abril del 2020: “Israel se ha convertido en una potencia cibernética ofensiva, en particular por dos grandes empresas que venden herramientas de espionaje en todo el mundo, Verint Systems y NSO”.

Según publicó The Wall Street Journal en 2018, Verint Systems estuvo a punto de comprar NSO Group en una operación que rondaría el billón de dólares, un enorme aumento en valoración en el mercado si se tiene en cuenta que fue comprada cuatro años antes por 1,1 millones de dólares. Entonces, Citizen Lab, la entidad que ha desvelado la trama de espionaje de Pegasus, indicaba que “estas trayectorias paralelas sugieren que la preocupación por los derechos humanos hasta ahora ha tenido poco impacto en el mercado de spyware comercial avanzado”.

En este sentido, Verint Systems ha sido denunciada por Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos del Norte de África y Oriente Medio por suministrar hardware y software de espionaje utilizado por distintos gobiernos “para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos” y “detener a opositores”. Según Privacy Internacional, esta empresa también ha entregado tecnología que los gobiernos de Kazajstán y Uzbekistán utilizan para espiar las comunicaciones de sus ciudadanos y reprimir la disidencia.

En Europa, Verint Systems también ha trabajado para la Interpol en un programa no exento de polémica, pues se encarnada de rastrear plataformas como YouTube o Facebook a fin de identificar una grabación de voz y ponerla a disposición de las fuerzas de seguridad, sin la autorización de quienes son grabados. En 2011, nada menos que el Comité Permanente de Revisión de las Agencias de Inteligencia de Bélgica la vinculó a una trama de espionaje a diplomáticos franceses, alemanes, españoles y británicos. “No hay pruebas contundentes [de que el Mossad haya llevado a cabo la operación]”, explicó el parlamentario belga Peter De Smet. "Pero en realidad era un equipo de escucha de última generación que se colocó en 1993 o 1994 y no había muchos países que tuvieran los medios en ese momento”.

Hace dos años, además, el Partido Socialdemócrata de Andorra presentó una batería de preguntas en relación a los contratos de interceptación telefónica adjudicados a Excem, representante española de la israelí Verint Systems.

Según los datos que aparecen en la plataforma de contratación del Estado, el grupo Excem habría recibido 19 millones de euros en 26 contratos públicos. Estos incluyen contratos de diversas administraciones públicas españolas, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre, dependiente del Ministerio de Defensa.

La primera adjudicó, por ejemplo, a Excem en 2019 un contrato valorado en un millón y medio de euros para el “suministro de un sistema de interceptación y monitorización de las comunicaciones”. Una cantidad similar se le entregó para el “mantenimiento preventivo y correctivo del Megaport”.

A su vez, Excem ya había sido contratada para suministrar al Ejército el programa de la israelí Verint Systems, diseñado para interceptar comunicaciones móviles. En concreto, esta firma es la adjudicataria del mantenimiento de las soluciones ‘Engage’ GI2 y PI2, un sistema de interceptación de telefonía móvil que utiliza unos maletines o mochilas “espía” para escuchar conversaciones en un rango de 500 metros de distancia. Hace dos años, la firma también recibió el encargo del Ministerio de Defensa para dar soporte y mantenimiento a “los sistemas de guerra electrónica”. Al margen de los servicios prestados, también ha suministrado a la Armada equipos para operaciones de paz.

En relación a los contratos de Excem con el Ejército español, cabe destacar que Julián Garcia Vargas, ministro de Defensa entre 1991 y 1995, pasó a ser consejero delegado de Excem entre 1996 y finales del 2006, año en el que Excem comenzó a trabajar en el Sistema de Monitorización Telefónica de la Ertzaintza. Había dimitido de su cargo de ministro cuando el diario El Mundo destapó la trama de espionaje del teniente general Emilio Alonso Manglano, director general del Cesid en esa época. Esta trama espió, entre otros, a cargos de Herri Batasuna, y en 1998, el equipo de investigación del diario Egin desveló la identidad de los agentes del CESID que habían intervenido, desde 1990 y sin autorización judicial, el teléfono de la sede de HB en Gasteiz. En 2003, Emilio Alonso Manglano y su sucesor, Javier Calderón, fueron condenados por el espionaje a HB.

Hace algunos días, el periodista Iñaki Izquierdo afirmaba que “para que a la catástrofe de pandemia, guerra y capitalismo no le falte nada, reaparece el Mossad”. Sabemos que la Ertzaintza ha recibido formación de Guardian Defense & Homeland Security, una empresa formada por ex altos cargos del servicio de inteligencia de Israel. También que el Gobierno Vasco ha comprado portagranadas para armas de aturdimiento a la empresa de un ex agente del Mossad israelí, Ilan Arzooan, lo que refuerza la seguridad público-privada, una prioridad para el ejecutivo vasco. Surgen dudas y preguntas como las siguientes: ¿Es Verint Systems el último eslabón?, ¿la proveedora de otros softwares como Pegasus que aún no conocemos?  Y si es así, ¿por qué el responsable de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aún no ha sido escrutado desde la oposición de manera similar a Margarita Robles?

Existen muchas preguntas sin responder, pero también algunas incógnitas. El escándalo de la trama de espionaje Pegasus a independentistas catalanes se destapó en julio del 2020. Desde entonces, el Gobierno Vasco ha maniobrado para ocultar su relación con la empresa de vigilancia israelí Verint Systems. Tras conocerse este suceso, el contrato para la “evolución del Sistema de Intervención Legal de Comunicaciones de la Ertzaintza” fue adjudicado de manera un tanto apresurada e irregular a Dars Telecom SL. Así lo ha considerado Excem, representante española de Verint Systems, quien ha recurrido esta decisión ante el órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi. Este órgano estimó el recurso de Excem el 25 de marzo de 2022.